Para que esto cambie, hay que derogar el Código de Aguas del año ’81 y nacionalizar los recursos hídricos para que el agua sea considerada un derecho social para el buen vivir. El agua no se vende, el agua es vida.
Los pueblos de Chile deben disponer del recurso hídrico para su desarrollo pleno, pero hoy en día vemos cómo hay comunidades que no tienen factibilidad hídrica para seguir existiendo. Esa agua es usurpada por empresarios coludidos con los poderes políticos, amparada en el espíritu privatizador que inspira la Constitución de la dictadura.
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